Advierte la Procuraduría“La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias”. Con esta frase inicia una comunicación enviada por la Procuraduría General este viernes en la que se advierte de la posibilidad de investigar a alcaldes y gobernadores por omisión en medio del bloqueo de vías.

El Ministerio Público envió una comunicación a las autoridades territoriales, especialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, “para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”.

La Procuraduría se refiere a varios derechos como son: la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, suministro de oxígeno y medicinas y demás insumos de primera necesidad, así como el traslado de personas enfermas o de personal de atención de emergencias, los cuales se han visto afectados por los cierres de vías tan importantes como la que comunica a Buenaventura con Buga, entre otras muchas vías del Valle del Cauca y del país.

En uno de los oficios enviados, por ejemplo, a un par de alcaldes del Valle del Cauca, la Procuraduría General señala que “en ejercicio de las competencias misionales que le otorgan los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, en particular la defensa de los derechos fundamentales y colectivos de las personas, así como la vigilancia y control de la gestión, ante la relevancia de los hechos ocurridos en las protestas que se llevan a cabo en buena parte del territorio nacional”, debe velar por la protección del derecho a la protesta y a que, en su ejercicio, otros intereses no resulten menoscabados, “lo que de suyo supone que esa prerrogativa admite limitaciones expresamente señaladas en la ley, en pro de la seguridad nacional, el orden público, la preservación de la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás”.

Agregan en el documento que la omisión “podría implicar la violación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales de igual o mayor relevancia, afectándose la convivencia y los intereses legítimos de los ciudadanos”. Por ejemplo, en el oficio enviado a los alcaldes de Buga y Buenaventura, se lee: “Para cumplir el anterior propósito, señor Alcalde, este Despacho lo insta a que adopte las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en su jurisdicción, sin restringir el disfrute de los derechos fundamentales del resto de la población, así como al equilibrio entre el goce del derecho y el orden público”.

Concluye señalando que “el incumplimiento de los deberes antes indicados podría determinar la aplicación de lo previsto en el artículo 6° Constitucional, al indicar que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución, las leyes; y también por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Artículo Revista "Semana"